La Unión Industrial Argentina cuestionó el tarifazo de luz y gas

El desfile de oradores dejó testimonio de las falencias de una audiencia pública que no fue tal.
Pese a la unanimidad del rechazo al aumento, el Ministerio de Energía, fiel a su estilo, convirtió la audiencia pública en un simple trámite burocrático desentendiéndose de las obligaciones de información que le había impuesto la Corte Suprema.

 

El rechazo a los aumentos de las tarifas de electricidad propuesto por el Ministerio de Energía fue unánime. Defensorías del Pueblo, asociaciones de consumidores y usuarios, partidos políticos de izquierda, sindicatos y hasta la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionaron ayer el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en diciembre. En el área metropolitana, las tarifas de Edenor y Edesur subirán alrededor del 39 por ciento en 9 de cada 10 hogares (ver aparte). Las críticas a los cambios propuestos por la cartera que conduce Juan José Aranguren no se limitaron  a la magnitud de las subas sino que los oradores apuntaron contra la dinámica de las audiencias públicas. Restricciones para la participación, falta de información y ausencia de debate fueron algunos de los elementos cuestionados. 

“Esto no es una audiencia pública sino una reunión informativa. Ya está todo decidido. No sigue la jurisprudencia de la Corte Suprema. No hubo información previa, clara y transparente, no hay deliberación y no se toma ninguna decisión administrativa”, consideró ayer el Director del Observatorio de Tarifas de la UMET, Marcos Rebasa. “Los aumentos que nos acabamos de enterar no guardan relación con la razonabilidad y gradualidad que fijó la Corte Suprema en su fallo”, expresó el abogado al estimar que desde diciembre de 2015 los bajos consumos habrán experimentado subas del orden del 900 por ciento cuando empiece a regir el nuevo cuadro tarifario. 

Por su parte, Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores cuestionó la magnitud del aumento y advirtió que “el daño del tarifazo no es sólo a los usuarios residenciales, es un daño económico multisectorial que afecta a empresas recuperadas, cooperativas, comercios barriales, clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales”. En la misma línea, Pedro Bussetti de Deuco consideró que “la nueva política energética hace que los usuarios argentinos no sólo pagamos las tarifas para el costo de la distribución sino las inversiones de todo el sector ¿Cuándo para la escalada de transferencia de ingresos de los usuarios, pymes y comercios minoristas hacia las productoras y distribuidoras?”. 

Desde la UIA, Alberto Calsiano advirtió que “el sendero de precios creciente de la electricidad incrementa el impacto negativo sobre la competitividad”. Durante la audiencia celebrada en el Palacio de las Aguas Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires el Jefe del Departamento de Energía de la central empresaria reclamó “un gradualismo real, sin exclusiones”. Calsiano consideró que la nueva suba de tarifas “podría afectar la inversión y la capacidad de generación de empleo industrial, luego de que en 2016 se perdieran 46.177 empleos, situación que comenzó a revertirse este año”. 

Por su parte, los distintos Defensores del Pueblo que expusieron ayer coincidieron en cuestionar el mecanismo elegido por el Gobierno para celebrar las audiencias públicas. “Esta audiencia pública es una mera comunicación de los precios del mercado eléctrico mayorista sin tiempo para su análisis. No estamos debatiendo nada sobre los precios de la energía sino que los mismos se ponen en conocimiento en este acto”, lanzó la Defensora del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso. En tanto, el titular de la Defensoría porteña, Alejandro Amor, reclamó “que se respeten los principios de la Corte: previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad”. Amor también exigió facilidades para que los usuarios electrodependientes accedan a los beneficios previstos en la legislación. En tanto, el Defensor del Pueblo bonaerense, Jorge Raúl Ruesga, señaló que “el esquema es una mera formalidad y nos hacen venir a escuchar algo que ya se ha decidido. El Estado debería tener la obligación de explicar por qué se aparta de lo que se cuestiona en estas audiencias”.

“Estos tarifazos son inconstitucionales. Este Gobierno no escucha al pueblo como se verifica en estas audiencias truchas donde los aumentos están determinados. Hasta la UIA expresó su preocupación por los aumentos y el Gobierno no la escucha. Los tarifazos son parte del programa de ajuste del poder de compra de los trabajadores”, indicó el dirigente del Partido Piquetero, Juan Marino.